Comunicado de COAG.

Comunicado de prensa de COAG

14-05-10

La coordinadora agraria envía a los gobiernos autonómico y nacional un informe que revela el peso específico del sector en el conjunto de la economía

COAG AFIRMA QUE EL PLAN DE CHOQUE PARA EL CAMPO ALMERIENSE “NO SE PUEDE DEMORAR MÁS”

Según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2010, el sector agroganadero emplea directamente a un 28% de la población ocupada de la provincia

Los Servicios Técnicos de COAG Almería han elaborado un informe que pone de relieve el peso específico de la agricultura y la ganadería en el conjunto de la sociedad almeriense y su contribución a la balanza comercial andaluza y nacional. Este documento ha sido ya tanto a la Presidencia del Gobierno como a la Presidencia de la Junta de Andalucía, así como a las Comisiones de Agricultura del Parlamento andaluz, Congreso de los Diputados y Senado. El objetivo es lograr un plan de choque que reflote el campo almeriense de la pérdida de rentabilidad sufrida durante las últimas campañas.

La agricultura de Almería se basa en un modelo social constituido por explotaciones de carácter familiar que genera riqueza en su área de influencia y que posibilita que miles de personas vivan directa e indirectamente de las labores agrarias. Su carácter local convierte este sector en vertebrador del territorio en las zonas rurales. La mayoría de los municipios de la provincia dependen en mayor o menor medida de la agricultura y la ganadería para subsistir, por lo que esta actividad se constituye en un factor vital para mantener la cohesión territorial y evitar el despoblamiento.

Dentro del agro almeriense, la horticultura es un referente mundial que genera unos beneficios anuales superiores a los 2.000 millones de euros anuales. Con el paso de los años, este sector se ha convertido en uno de los pilares de la balanza agroalimentaria andaluza. En Almería conviven en la actualidad 24.370 explotaciones familiares, que conforman un extenso tejido productivo que se expande por toda la provincia.

Sin embargo, pese a que en los últimos años el valor comercializado de nuestras frutas y hortalizas ha aumentado, se ha producido una alarmante caída de la rentabilidad de las explotaciones. Almería, cuya agricultura se caracteriza por su alta tecnificación y su fuerte dependencia de los insumos derivados del petróleo, se está viendo además cercada por el incremento de los costes de producción y teniendo que asumir elevadas inversiones para modernizar las explotaciones más antiguas, mientras los precios caen año tras año.

La actividad agraria es generadora de empleo, incluso, en periodos de recesión económica como el actual. Sólo durante la última regularización masiva de inmigrantes, en el año 2005, la agricultura almeriense legalizó los papeles a 20.000 trabajadores, muchos de los cuales abandonaron el sector para emplearse en la construcción. Ahora, la mayoría de ellos ha regresado a la agricultura para eludir la cola del paro tras el estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’. En la actualidad, el campo absorbe pese a la crisis un total de 70.900 puestos de trabajo directos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2010, lo que supone que la agricultura emplea de manera directa a casi un tercio de la población ocupada almeriense.

A día de hoy, el endeudamiento por agricultor alcanza niveles espeluznantes. Según el estudio de caracterización de la situación financiera del sector hortícola de Almería campaña 07/08, elaborado por la Dirección General de Planificación y Análisis de Mercados de la Consejería de Agricultura, el 78% de los agricultores presenta algún tipo de crédito agrario.
Si no invertimos esta tendencia con un mayor control de la cadena alimentaria, la actividad agraria seguirá avanzando inexorablemente hacia la deslocalización de la producción fuera de nuestras fronteras y, por consiguiente, se perderán miles de puestos de trabajo en todo el territorio. En este ámbito, los estamentos públicos tienen mucho que decir ya que cuentan con la fuerza y los instrumentos para regular la relación entre los diferentes agentes del sector.

El caso de Murcia

De hecho, cada vez son más las empresas españolas que aprovechan las ventajosas condiciones de exportación que ofrece la Unión Europea a los países terceros para irse a producir al norte de África. El caso más reciente es el de la empresa agrícola ‘Durán’ de Águilas, en Murcia, que ha presentado hoy mismo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la extinción de 140 contratos y la modificación de las condiciones laborales de 150 más. Según ha dado a conocer el comité de empresa, la intención de ‘Duran’ es no continuar con la plantación de tomate, cerrar finalmente la planta de Águilas y trasladar la producción a Marruecos.

Ante estos hechos, se hace necesario aprobar urgentemente medidas eficaces, dentro de un plan de choque que no puede demorarse más. Y además, orquestar un plan de actuación a corto y medio plazo que recoja medidas de regulación de mercados, equilibrio de la cadena alimentaria y relaciones interprofesionales y control de importaciones. Todo, para mejorar sustancialmente los precios en origen y que de esta manera las explotaciones puedan alcanzar el umbral de rentabilidad.

Estas medidas son reclamadas para Almería pero pueden ser extrapoladas al conjunto del sector primario nacional. Es necesario destacar la capacidad del modelo social de agricultura y la soberanía alimentaria para responder a los principales retos del nuevo siglo: garantizar la alimentación a la población, generar empleo, combatir el calentamiento global y conservar la biodiversidad.

Hay que articular unas nuevas reglas del juego que rescaten a las pequeñas y medianas explotaciones del callejón sin salida en el que se encuentran. Entre las prioridades inmediatas están el control de la producción y la regulación de los mercados agrícolas, la transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria y la limitación de los márgenes de beneficios de todos los intermediarios.

También resulta imprescindible salvaguardar el derecho a protegerse de las importaciones a precios bajos y un nivel variable de protección arancelaria ligado al coste de producción europeo.

Desde COAG consideramos que el modelo social y familiar de agricultura aún es válido para alimentar a los 500 millones de ciudadanos europeos, siempre y cuando los productores reciban unos precios justos. Si los agricultores obtenemos a través del mercado ingresos suficientes para poder vivir dignamente de la actividad, estaremos en disposición de garantizar unos alimentos en cantidad y calidad suficientes para la población a unos precios asequibles.